Seguridad y libertad
Recortar las libertades públicas para mejorar la seguridad es un planteamiento demasiado ambiguo. Los Gobiernos presionan para ampliar sus capacidades preventivas frente a la amenaza estadista que pesa sobre Europa, pero el problema consiste en concretar lo que esto quiere decir. España cuenta con la suficiente experiencia en la materia como para saber que las libertades del conjunto de la población deben mantenerse al tiempo que se identifica, vigila y neutraliza a los terroristas.
Es verdad que Europa no se enfrenta ahora al problema de descubrir y controlar a los componentes de una organización como ETA, sino a múltiples células de obediencia confusa y cuyos integrantes no dudan en hacerse inmolar, llegado el caso. La lucha es diferente, si bien exige medidas con amplio consenso político y los debidos controles judiciales. Esas condiciones son válidas tanto para los ficheros de pasajeros de líneas aéreas como en lo que se refiere a la cooperación requerida a los operadores de Internet para que identifiquen contenidos de incitación al odio y al terror. La investigación policial tiene que adaptarse a las nuevas tecnologías, sin olvidarse del contraponer (normalmente, judicial) llamado a dar garantías a los ciudadanos sobre el buen uso de las capacidades de acción que se atribuye al poder ejecutivo.